La lección de Ciudad Juárez

La violencia es la norma que rige el día a día en esta localidad mexicana, especialmente para con las mujeres. Sin embargo, muchas personas están trabajando para enseñar al mundo que si la dicha es buena, se puede hacer frente a cualquier situación por muy compleja que sea. Imelda Marrufo Nava es un claro ejemplo de ello. Esta abogada juarense lleva años al frente de una lucha por los derechos humanos en su ciudad natal como coordinadora de la Red Mesa de Mujeres. El final de la contienda no se atisba todavía, pero sus ganas por defender lo que es justo tampoco cesan. 360 Grados Press ha tenido la oportunidad de conocer esta realidad de su mano.

Enapenas dos días, concretamente el 6 y 7 de noviembre de 2001, fueron encontradoslos cuerpos de ocho mujeres en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Todasellas habían sido asesinadas. Desde hacía años que la Red de organizaciones Mesa deMujeres denunciaba la violencia estructural de género existente en estaciudad mexicana, pero la movilización por este caso en concreto les llevó,finalmente, a una sentencia emblemática: el Estado mexicano fue declarado porprimera vez culpable en 2009 por impunidad contra las víctimas, así como por nogarantizarles el derecho a la vida. Sin embargo, la sangría de mujeres no hacesado.

Antesde la sentencia de Campo Algodonero, Red Mesa de Mujeres ya tenía constancia decientos y cientos de feminicidios en Ciudad Juárez. Y desde entonces que siguenregistrándose muchos más. “Lasautoridades mexicanas no han reconocido la existencia del feminicidio enMéxico. Y cuando no se reconoce un problema es muy difícil que en ese paíspueda haber leyes o presupuestos para abatirlo. La palabra feminicidio noexiste para nuestros gobernantes. En parte, esto se debe a esa torpe idea deque se mancha el nombre de la ciudad por reconocer el feminicidio“, explicaImelda.

Asífunciona Ciudad Juárez desde hace demasiado tiempo: mientras las autoridadesmexicanas siguen lavándose las manos, la violencia no solo persiste, sino quese perpetúa. Los datos hablan por sí solos: en menos de cuatro años se hanregistrado 745 asesinatos de mujeres y las desapariciones se cuentan en 200 enapenas tres, el mismo lapso de tiempo en que 275.000 personas han optado poremigrar de la ciudad. El abandono gubernamental es tal que las propias madresde las víctimas son quienes se encargan de investigar los feminicidios. Dehecho, es gracias a ellas que entidades como Red Mesa de Mujeres puededocumentarlos.

Sinduda, no sancionar a los responsables desde un primer momento ha sido un factorclave en la prolongación de esta suerte de masacre cotidiana. En palabras deImelda: “Ciudad Juárez es como unexperimento de los delitos que pueden ser posibles sin que haya sanción, esdecir, Juárez expresa los grados de impunidad que tiene el país“. Asimismo,el Gobierno suma a su desidia el empleo del narcotráfico como cortina de humo:”La política de seguridad  relacionada con la llamada guerra contra elnarcotráfico del presidente Felipe Calderón no ha hecho más que favorecer unaviolencia generalizada en la que todos los asesinatos son atribuidos al crimenorganizado. Es intolerable que el Gobierno llame ‘daños colaterales’ a losasesinatos de estas mujeres“, concluye.

Aligual que Imelda, muchas defensoras de derechos humanos se enfrentan a estacoyuntura en Ciudad Juárez. Y, obviamente, no es fácil. Por ejemplo, hace pocosdías que el nombre de Norma Andrade salía a la palestra mediática. Estaactivista anunció que abandonaba México tras haber sido agredida. Su caso no esuna excepción: “En enero de 2010 vivimosel asesinato de Josefina Reyes, una activista defensora de los derechos humanosde una comunidad aledaña a Ciudad Juárez. En ese mismo año fue asesinadaMarisela Escobero a las puertas de Palacio de Gobierno, justamente pidiendojusticia por su hija. El año pasado, en enero, fue asesinada Susana Chávez, unapoeta que había estado participando de la denuncia por los derechos de las mujeresaños atrás. Para febrero de ese mismo año desparecieron tres personas, dos deellas mujeres familiares de Josefina Reyes. Y actualmente hay más compañeras enel exilio que han desarrollado un trabajo importante de denuncia en CiudadJuárez. Por ejemplo, ustedes tienen en Madrid a Rosa Isela Pérez, unaperiodista mexicana a la que dan asilo político desde el año pasado“,relata la abogada juarense.

Otrogremio directamente afectado por esta situación es el de los periodistas. “El compromiso de informar en esta ciudad hagenerado amenazas para periodistas, mujeres y hombres. De hecho, contamos yacon periodistas asesinadas“, apunta Imelda. Sin embargo, la cuestiónmediática tiene un doble lectura en Ciudad Juárez: “El rol que han jugado los medios de comunicación ha sido para bien enmuy poquitos casos, pues en muchísimos otros ha servido para encubrir. Sobretodo los medios locales, que han jugado un papel de mucha complacencia con elEstado“, matiza.

Yentre tanto condicionante, la vida en Ciudad Juárez continúa. O, al menos, esose intenta. Nadie se libra de haber sufrido una pérdida cercana a causa de estaviolencia sistemática, pero muchas personas como Imelda no desisten en suderecho de optar a una vida digna en su ciudad. “En Juárez las mujeres hemos demostrado la capacidad de resistencia antesituaciones de conflicto y de catástrofe. Es una lección al mundo como nos lashan dado otros espacios de resistencia en otros países“, afirma estadefensora de los derechos humanos.

Así,todo apunta a que la fortaleza juarense va para largo. La solución a laviolencia no es sencilla, pues pasa tanto por un cambio de actitud en elGobierno como por una intervención social que todavía es embrionaria. Sinembargo, los derechos humanos no entienden de fronteras y, por ello, estacomunidad mexicana aspira a ser un ejemplo mientras sigue luchando por elfuturo que merece. Todo esfuerzo es poco cuando se trata de defender algo tanpropio como el derecho a la vida. Ciudad Juárez es el exponente.