El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de marzo el anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que si prospera, podría entrar en vigor antes de que finalice el año.
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El texto aporta novedades que no contentan a los sectores implicados,sólo al Gobierno. Se prohíbe a las sociedades de gestión de derechos crear sociedades mercantiles yfundaciones. La batalla con estas entidades está en el control de las tarifas,así como en la regulación de los mecanismos de acreditación de derechos segúnla modalidad de explotación sea digital o analógica, y en el reparto del dinerorecaudado en el extranjero. Si se aprobase la ley, se beneficiaría a lasmultinacionales y se perjudicaría a las empresas y usuarios españoles. Además,se reduce el concepto de copia privada con lo que se reduce el ingreso. Seconsiderará copia privada solamente aquella que realicen particulares que usanun original y un soporte físico, como ocurre con la copia en CD virgen. Quefueran los iTunes y similares, que se considerarán copias licenciadas oilegales, según sea el caso.
El anteproyecto de ley contempla, además, cerrar las webs de enlaces que vulneren el copyright. Ahora hay que determinar quees una web de enlace. Según el anteproyecto lo es toda aquella web cuya”principal actividad sea la de facilitar de manera específica y masiva lalocalización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrecen sinautorización”. El ministro Juan IgnacioWert no ha tardado en puntualizar que se excluye a Google y otros buscadores dedicados a la redirección, porque “noviolentan los derechos de propiedad intelectual”. Eso que se lo expliquen a loseditores de diarios y revistas, a escritores, periodistas, colaboradores,músicos, cineastas y una larga lista de autores si Google o similares les haperdido permiso para indiciar sus obras y facultar el acceso a web de descargailegal. La vieja aspiración de loseditores, tanto de diarios, revistas, libros, cine, productos audiovisuales ydiscos para que Google les pague una parte de sus contenidos, como ocurre enotros países, se queda aparcada demomento.
Es evidente que hay legislar la red, que hay que proteger los derechosde autor fundamentándose en el interés social de las reproducciones y en elpacto social con el autor. El tema es complicado y hay muchos intereses, perose debe hacer atendiendo a los sectores implicados, tanto a las entidades comoa la industria y a los internautas. Hay que proteger a nuestra industriacultural. Hay dialogar. En Internet no tiene que haber unas leyes diferentes alas que tenemos en nuestra vida real. Internet no debe de ser para nadie unparaíso fiscal ni moral que se escape al Estado de Derecho. Hay que marcar unasnormas que sean equitativas para todos y frenen los desmanes. Como señala Arcadi Espada en un interesanteartículo publicado en la revista Claves,la cuestión más grave es que ha cuajadola idea entre amplios sectores de la sociedad que “en Internet está todo lo queuno quiere, cuando lo quiere y como lo quiere, sin mayor peaje ni norma”.¿Pasará está idea l mundo real?
Manolo Gil
