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Visitamos El Algarrobico, hotel situado en el punto de mira de la defensa del medio ambiente bajo una legalidad de hojalata

El paisaje entre Mojácar y Carboneras (Almería) ha cambiado mucho en las últimas tres décadas. De existir sólo un Parador de turismo como máxima referencia hotelera, el desarrollismo ha propiciado que desde los 70 a la actualidad la zona se haya visto salpicada de construcciones turísticas que, con más o menos polémica, han servido para masificar la minoría turística de antaño. Hasta ahí todo normal, nada distinto a lo que ocurre en el resto del litoral español. Salvo un hotel que ha cambiado el rumbo de los titulares de prensa relacionados con el medio ambiente y la percepción turística de la zona del levante almeriense: el Algarrobico.

360gradospress ha visitado esta semana el complejo, utilizado por los ecologistas como símbolo de la defensa del medio ambiente en la costa española y por la que fue ministra del ramo en la primera legislatura del Gobierno Zapatero, Cristina Narbona, quien impulsó la política de expropiación de toda construcción que estuviera dentro de los 100 metros de servidumbre marcada por la ley de Costas. A día de hoy, no ha habido expropiación; las obras, que comenzaron en 2003, están paralizadas desde 2006, a expensas de las causas que acumula la construcción en los tribunales andaluces; la empresa constructora piensa en la opción de solicitar los daños y perjuicios que le corresponderían por derecho; y los ecologistas piden al Gobierno la demolición prometida para que el símbolo de sus protestas medioambientales se convierta de facto en bandera de sus reivindicaciones.

Encuadrado en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, en el término municipal de Carboneras, el proyecto del Algarrobico fue concebido por la administración local en 1996 como trampolín hacia la oportunidad turística de un municipio pesquero con 600 camas en hoteles alejados del modelo de gran resort. Asimismo, el Ayuntamiento lo veía como una forma de generar puestos de trabajo para los vecinos. Según el concejal de Urbanismo, Miguel París, y el técnico del área, Manuel Rodríguez, “el propio Ministerio de Medio Ambiente ha reconocido que la obra es legal. Otra cosa es que el Ministerio decidiera después cambiar el deslinde de la zona marítimo terrestre que existía. Ahí es donde empieza nuestro calvario”.

Cuando la ministra Narbona modificó la zona de deslinde de costa que afectaba al hotel hasta los 100 metros, un tercio de las obras del Algarrobico que antes de la reforma de la ley de Costas tenían la autorización de las administraciones carecerían de la legalidad de la que gozaron entre 2003 y 2006. Desde entonces, el Algarrobico acumula nueve denuncias en los tribunales, pero desde el Ayuntamiento recuerdan que “aún no ha existido una sentencia firme que diga que la obra del Algarrobico sea ilegal. Si fuera ilegal, tendría que demolerse”.

Parque natural Cabo de Gata-Níjar

El principal argumento que arguyen los ecologistas para exigir a la Administración central el derribo inminente del complejo se fundamenta en que se ubica en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Precisamente, la justicia almeriense decretó en 2005 la paralización cautelar de las obras a raíz de una denuncia de Greenpeace por ese particular. Con todo, el técnico municipal insiste en que “ese suelo dentro del Parque Natural era un suelo catalogado dentro de la categoría D, que es urbano; lo mismo que 20 ó 30 barriadas que hay en el parque natural que son suelo urbano” y recuerda que antes de empezar la construcción del complejo hubo que esperar “siete años de papeleo; lo que duró la tramitación del proyecto, que incluyó las aprobaciones de la comisión provincial de Urbanismo, los informes favorables de Costas, de Medio Ambiente, de Sanidad, de Turismo e, incluso, una subvención para la empresa por parte del ICO de 800 millones de las antiguas pesetas para la creación de puestos de trabajo. El Ayuntamiento da la licencia; la obra no se ha hecho de noche y a hurtadillas, hasta que en un momento determinado se paralizan las obras porque presuntamente pueden ser ilegales”, a raíz de la denuncia de Greenpeace.

Un logro para Greenpeace
360gradospress ha conocido también, de mano de Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, la versión de la organización ecologista. Para Marcos, “si conseguimos desde el movimiento ecologista derribar el hotel Algarrobico será un logro”. La portavoz añade que “ahora mismo la indemnización a la promotora tendría que ser cero porque está sobradamente probado que el hotel es ilegal. De hecho, sería un honor para la Junta de Andalucía y para el Ministerio de Medio Ambiente que la promotora les denunciara porque significaría que están cumpliendo con sus obligaciones, que no son otras que el derribo del hotel. Lo que hace falta es voluntad política y lo que vemos es una desidia completa por parte de las administraciones española y andaluza, porque el aval de la justicia ya lo tienen”.

Puestos de trabajo

El concejal de urbanismo de Carboneras, Miguel París, sostiene que “para este pueblo, para la administración autonómica y para el Estado español es un lujo tener ahora un edificio que se está deteriorando día a día que iba a generar unos 400 puestos de trabajo directos.” Por su parte, Greenpeace argumenta que los últimos datos que obran en su poder, de febrero de 2009, “apuntan a un índice de paro en Carboneras del 2%”. Marcos detalla que “sorprende mucho que el Ayuntamiento siga hablando de que se le está haciendo daño al municipio en vez de utilizar argumentos. Se sigue presentando como víctima sin saber que ha sido el Ayuntamiento el que ha convertido en víctimas a sus habitantes”.

Por su parte, desde la empresa promotora, Azata del Sol, se sienten víctimas de un plan público de creación de empleo y están dispuestos, llegado el caso, a reclamar los daños y perjuicios que les correspondan. Según su portavoz, Antonio Baena, siguen “confiando en que ese proyecto turístico que no es nuestro, que es de la administración pública para crear empleo en la zona, pues al final se consiga lograr”. Con todo, si la opción de la justicia prosperara hacia el derrumbe o la paralización se prolongara hasta un mayor deterioro de la instalación, “obviamente el camino no es otro que reclamar los daños y perjuicios que en derecho nos correspondieran. Fuimos invitados a invertir, fuimos invitados a integrarnos y a llevar adelante ese proyecto y, efectivamente, si al final se malograra nos correspondería lo que en derecho nos corresponda y sólo restará decidir las reparaciones y compensaciones que en derecho procedan por cuenta y cargo de las Administraciones Públicas que impulsaron primero y luego abortaron este proyecto”.

No piensan lo mismo los vecinos consultados por el semanario digital. Juan es pescador y considera “una verdadera injusticia lo de las obras paradas porque nos iba a traer trabajo” y Carlos, hostelero de la zona, afirma que “hasta que no se vaya Zapatero no se terminará un hotel que necesitamos para el turismo y para el trabajo y por el que se ha gastado mucho tiempo y dinero”. Cati trabaja en Correos y piensa que “como el daño ya está hecho, lo que tendrían que hacer es aprovecharlo para seguir como hotel o hacer algo para los jubilados, darle un uso social, porque la montaña ya no la van a reconstruir ni el daño que se ha hecho se va a reparar y allí se ha gastado mucho dinero”.

Regeneración de la zona
Si se derrumbara el hotel, habría que plantear qué hacer con el entorno. Greenpeace propone que, una vez derribado el hotel, se genere “empleo de verdad” con el pretexto de la recuperación medioambiental de la zona: “No sólo los constructores son los que están en paro en este país. Muchos especialistas universitarios estarían encantados de abordar una restauración del entorno del Algarrobico y un plan de recuperación de la fauna y de la flora”. Precisamente, Marcos pone como ejemplos a seguir la recuperación del Club Med del Cap de Creus (Girona) o el plan de acción del Parque Nacional Everglades (Estados Unidos), “que tendría que ser el referente de la Dirección General de Costas en vez de paralizar la expropiación de los terrenos públicos”.

La pelota está en el tejado del Ministerio y de la Junta de Andalucía.

David Barreiro