La violencia es la norma que rige el día a día en esta localidad mexicana, especialmente para con las mujeres. Sin embargo, muchas personas están trabajando para enseñar al mundo que si la dicha es buena, se puede hacer frente a cualquier situación por muy compleja que sea. Imelda Marrufo Nava es un claro ejemplo de ello. Esta abogada juarense lleva años al frente de una lucha por los derechos humanos en su ciudad natal como coordinadora de la Red Mesa de Mujeres. El final de la contienda no se atisba todavía, pero sus ganas por defender lo que es justo tampoco cesan. 360 Grados Press ha tenido la oportunidad de conocer esta realidad de su mano.

En apenas dos días, concretamente el 6 y 7 de noviembre de 2001, fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Todas ellas habían sido asesinadas. Desde hacía años que la Red de organizaciones Mesa de Mujeres denunciaba la violencia estructural de género existente en esta ciudad mexicana, pero la movilización por este caso en concreto les llevó, finalmente, a una sentencia emblemática: el Estado mexicano fue declarado por primera vez culpable en 2009 por impunidad contra las víctimas, así como por no garantizarles el derecho a la vida. Sin embargo, la sangría de mujeres no ha cesado.

Antes de la sentencia de Campo Algodonero, Red Mesa de Mujeres ya tenía constancia de cientos y cientos de feminicidios en Ciudad Juárez. Y desde entonces que siguen registrándose muchos más. “Las autoridades mexicanas no han reconocido la existencia del feminicidio en México. Y cuando no se reconoce un problema es muy difícil que en ese país pueda haber leyes o presupuestos para abatirlo. La palabra feminicidio no existe para nuestros gobernantes. En parte, esto se debe a esa torpe idea de que se mancha el nombre de la ciudad por reconocer el feminicidio”, explica Imelda.

Así funciona Ciudad Juárez desde hace demasiado tiempo: mientras las autoridades mexicanas siguen lavándose las manos, la violencia no solo persiste, sino que se perpetúa. Los datos hablan por sí solos: en menos de cuatro años se han registrado 745 asesinatos de mujeres y las desapariciones se cuentan en 200 en apenas tres, el mismo lapso de tiempo en que 275.000 personas han optado por emigrar de la ciudad. El abandono gubernamental es tal que las propias madres de las víctimas son quienes se encargan de investigar los feminicidios. De hecho, es gracias a ellas que entidades como Red Mesa de Mujeres puede documentarlos.

Sin duda, no sancionar a los responsables desde un primer momento ha sido un factor clave en la prolongación de esta suerte de masacre cotidiana. En palabras de Imelda: “Ciudad Juárez es como un experimento de los delitos que pueden ser posibles sin que haya sanción, es decir, Juárez expresa los grados de impunidad que tiene el país”. Asimismo, el Gobierno suma a su desidia el empleo del narcotráfico como cortina de humo: “La política de seguridad  relacionada con la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón no ha hecho más que favorecer una violencia generalizada en la que todos los asesinatos son atribuidos al crimen organizado. Es intolerable que el Gobierno llame ‘daños colaterales’ a los asesinatos de estas mujeres”, concluye.

Al igual que Imelda, muchas defensoras de derechos humanos se enfrentan a esta coyuntura en Ciudad Juárez. Y, obviamente, no es fácil. Por ejemplo, hace pocos días que el nombre de Norma Andrade salía a la palestra mediática. Esta activista anunció que abandonaba México tras haber sido agredida. Su caso no es una excepción: “En enero de 2010 vivimos el asesinato de Josefina Reyes, una activista defensora de los derechos humanos de una comunidad aledaña a Ciudad Juárez. En ese mismo año fue asesinada Marisela Escobero a las puertas de Palacio de Gobierno, justamente pidiendo justicia por su hija. El año pasado, en enero, fue asesinada Susana Chávez, una poeta que había estado participando de la denuncia por los derechos de las mujeres años atrás. Para febrero de ese mismo año desparecieron tres personas, dos de ellas mujeres familiares de Josefina Reyes. Y actualmente hay más compañeras en el exilio que han desarrollado un trabajo importante de denuncia en Ciudad Juárez. Por ejemplo, ustedes tienen en Madrid a Rosa Isela Pérez, una periodista mexicana a la que dan asilo político desde el año pasado”, relata la abogada juarense.

Otro gremio directamente afectado por esta situación es el de los periodistas. “El compromiso de informar en esta ciudad ha generado amenazas para periodistas, mujeres y hombres. De hecho, contamos ya con periodistas asesinadas”, apunta Imelda. Sin embargo, la cuestión mediática tiene un doble lectura en Ciudad Juárez: “El rol que han jugado los medios de comunicación ha sido para bien en muy poquitos casos, pues en muchísimos otros ha servido para encubrir. Sobre todo los medios locales, que han jugado un papel de mucha complacencia con el Estado”, matiza.

Y entre tanto condicionante, la vida en Ciudad Juárez continúa. O, al menos, eso se intenta. Nadie se libra de haber sufrido una pérdida cercana a causa de esta violencia sistemática, pero muchas personas como Imelda no desisten en su derecho de optar a una vida digna en su ciudad. “En Juárez las mujeres hemos demostrado la capacidad de resistencia ante situaciones de conflicto y de catástrofe. Es una lección al mundo como nos las han dado otros espacios de resistencia en otros países”, afirma esta defensora de los derechos humanos.

Así, todo apunta a que la fortaleza juarense va para largo. La solución a la violencia no es sencilla, pues pasa tanto por un cambio de actitud en el Gobierno como por una intervención social que todavía es embrionaria. Sin embargo, los derechos humanos no entienden de fronteras y, por ello, esta comunidad mexicana aspira a ser un ejemplo mientras sigue luchando por el futuro que merece. Todo esfuerzo es poco cuando se trata de defender algo tan propio como el derecho a la vida. Ciudad Juárez es el exponente.